NAYIB BUKELE: DICTADOR O TIRANO?

 

En los últimos días, he recibido numerosos mensajes acerca de la noticia de que el Parlamento Salvadoreño ha permitido la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele.
Por lo que he visto, hay mucha confusión y si me atengo exclusivamente a los mensajes recibidos, mucha gente, sobre todos cubanos, han decidido que el presidente del Salvador es un tirano y mencionan a Castro, Maduro, Chávez y demás figuras de tragicomedia latinoamericana, como símiles e inspiradores del accionar de Bukele.
Primero que todo, la decisión del Parlamento Salvadoreño no significa que Bukele sea ya presidente para siempre como algunos dejan entrever, el Parlamento le permitirá presentarse como candidato de nuevo una vez que expire su término.
Pero para entender mejor la cosa veamos que es Tiranía y Dictadura.
En el discurso político, “tiranía” y “dictadura” suelen utilizarse como sinónimos para describir regímenes autoritarios que imponen su voluntad por la fuerza. 

Sin embargo, estas formas de dominación tienen diferencias fundamentales que conviene precisar.
Mientras la dictadura se define por la concentración del poder en un solo individuo o grupo, la tiranía representa un estadio superior de degeneración política, donde la arbitrariedad y el abuso de poder se imponen como norma absoluta.
La dictadura es, en esencia, un régimen que suprime los mecanismos tradicionales de control y equilibrio institucional.
Históricamente, han existido dictaduras con distintos grados de autoritarismo, algunas de ellas justificadas como soluciones transitorias en momentos de crisis.
Un dictador, por definición, gobierna sin estar sujeto a límites legales efectivos, aunque en ciertos casos conserve estructuras formales de Estado.
Este modelo de gobierno no siempre es anárquico. Puede estructurarse en torno a un partido, una ideología o un aparato burocrático que administre el poder con cierta previsibilidad. 

En estos casos, la represión es selectiva y responde a la lógica de la estabilidad política, no al puro capricho del dictador.
A diferencia de la dictadura, la tiranía se define por la ausencia total de reglas, donde el gobernante se sitúa por encima del orden jurídico y ejerce el poder de manera arbitraria. Mientras en una dictadura pueden existir leyes, tribunales y cierta institucionalidad —aunque subordinados al mando central—, en la tiranía todo depende de la voluntad del tirano.
La tiranía es el dominio de la inseguridad, donde el miedo se convierte en el principal instrumento de gobierno. No se rige por un proyecto de estabilidad o desarrollo, sino por la necesidad de perpetuar a un caudillo que no reconoce ningún freno. Su característica esencial es la imprevisibilidad: lo que hoy es permitido, mañana puede ser castigado con brutalidad, sin más explicación que el deseo del tirano.
Este es el caso de Fidel Castro y en menor medida de sus imitadores de más baja categoría.
Castro puede insertarse entre Rafael Leónidas Trujillo de Republica Dominicana e Idi Amin de Uganda, si exceptuamos la predilección por la sangre y la brutalidad de este último.
Hay países que han transitado de un régimen con vocación autoritaria a una peligrosa combinación de dictadura y tiranía.
Regímenes políticos que comenzaron como una dictadura ideologizada, han derivado en una estructura donde la arbitrariedad personalista del tirano y la represión sin límites consolidan un modelo de poder absoluto.
Cuando un país deja de ser una dictadura para degenerar en una tiranía, la política se convierte en un ejercicio de supervivencia, y la sociedad, en una víctima perpetua del capricho del gobernante, lo cual describe perfectamente la etapa de Castro en Cuba.
Ahora: ¿este hecho de la posibilidad de reelección define a Bukele como un tirano?
Claramente que no, aunque lo acerca al concepto de dictadura.
Pero hay otros matices que debemos considerar cuando decimos que Bukele es un dictador.
Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha roto con casi todos los moldes. 

Con un discurso anticorrupción, un dominio absoluto de las redes sociales y una imagen de gestor moderno, ha logrado niveles de aprobación que superan el 80%.
Su gran bandera: la guerra contra las pandillas. Con mano dura, miles de arrestos y medidas excepcionales, ha devuelto a muchos salvadoreños la sensación de seguridad que el país no tenía en décadas.
En 2021, su partido logró la mayoría en la Asamblea Legislativa y, poco después, destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. Con jueces afines, se allanó el camino para reinterpretar la Constitución y permitir su reelección inmediata.
Aunque la Constitución salvadoreña establece límites a la reelección presidencial, los nuevos magistrados de la Corte Suprema reinterpretaron el artículo correspondiente, abriendo la puerta a que Bukele se postulara nuevamente. Y el Parlamento, dominado por su partido Nuevas Ideas, no puso objeción. Al contrario, legitimó esa posibilidad sin grandes debates ni resistencia institucional.
Este movimiento legalmente polémico se traduce en una realidad política clara: Bukele podrá competir por un nuevo mandato en 2029, y probablemente lo gane.
Aquí está el verdadero debate. ¿Se puede considerar democrática una decisión tomada dentro del marco institucional, aunque las reglas hayan sido cambiadas por quienes ostentan el poder?
¿Vale más el apoyo del pueblo que la estabilidad de las instituciones?
La reelección inmediata puede parecer legítima cuando el pueblo la respalda, pero la historia de América Latina muestra que los líderes que modifican las reglas para quedarse suelen terminar debilitando la democracia.
Bukele no llegó al poder por la fuerza, sino por el voto. Tampoco ha sido acusado de robar elecciones. Pero su estilo de gobernar —vertical, concentrador y sin oposición real— plantea preguntas difíciles. 

La reelección inmediata puede parecer una simple extensión de un mandato exitoso, pero también puede ser la puerta de entrada a un modelo donde la democracia se reduce al culto a una figura.
La gente quiere seguridad, justicia y futuro. Pero también necesita instituciones fuertes, reglas claras y límites al poder. Porque los líderes pasan, pero las democracias deben durar. Y eso es precisamente lo que dicen los hipocritas y los oportunistas, los debiles y los liberales.

La democracia ha fallado, no sirve, es una pieza que ni siquiera es de museo porque no hay nada positivo que pueda trnasmitir que no sea corrupcion  e injusticias. 
Desgraciadamente en El Salvador y en muchos otros países, la democracia, la sacrosanta democracia ha fallado lastimosamente. 

Y precisamente en el Salvador, gobernado por partidos “democráticos” se convirtió en uno de los peores países para vivir en Latinoamérica y la sangre y el terror de las pandillas se adueñaron del país sin que las autoridades pudieran hacer algo realmente efectivo para devolver la paz y el normal transcurrir de la sociedad.
Veamos un poco de historia para entender mejor el asunto:
 
·         En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de El Salvador —controlada por magistrados leales al presidente Nayib Bukele— reinterpretó la Constitución para permitir algo que hasta entonces estaba prohibido: la reelección inmediata del presidente. Y en 2024, el Parlamento, bajo mayoría oficialista, validó esa decisión. Así, Bukele no solo se postuló nuevamente en 2024, sino que resultó reelecto con una aplastante mayoría.
 
La Constitución de El Salvador establece en su artículo 154 que el mandato presidencial dura cinco años y que no puede ser reelegido inmediatamente. Además, el artículo 88 es claro: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político”.
 Durante décadas, este marco fue considerado inamovible.
De hecho, en 2014, la Sala de lo Constitucional había ratificado que un presidente debía esperar al menos dos períodos para volver a postularse.
Pero en mayo de 2021, el oficialismo, con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados anteriores y nombró otros alineados con Bukele. Estos nuevos jueces reinterpretaron la Constitución diciendo que la prohibición de reelección violaba el derecho del pueblo a elegir libremente.
Ese argumento —muy similar al usado por Daniel Ortega en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia— abrió el camino para que Bukele se presentara en 2024 y, finalmente, fuera reelegido.
 
Desde que obtuvo la mayoría en 2021, el oficialismo ha tomado decisiones que concentran el poder en Bukele:
 
·         Destitución de jueces y fiscales independientes
 
·         Reformas para permitir purgas en el Poder Judicial
 
·         Reducción del número de municipios y diputados, en una aparente estrategia para debilitar a la oposición
 
Estos son hechos incuestionables que no admiten discusión, pero también es un hecho incuestionable que ni el famoso artículo 154 de la Constitución, ni los jueces, ni los magistrados ni los presidentes anteriores han protegido al pueblo del Salvador contra el crimen galopante y dueño casi total del país.
La decisión de permitir la reelección, más allá del fallo judicial, también pasó por el Parlamento, que avaló los cambios con rapidez y sin debate profundo.
No hubo consultas públicas ni discusiones con la sociedad civil. La narrativa fue simple: “El pueblo quiere a Bukele y nosotros obedecemos al pueblo”.
Bukele ha ganado enorme popularidad gracias a su política de mano dura contra las pandillas. En 2022 implementó un régimen de excepción que ha resultado en más de 70,000 detenciones. Los homicidios bajaron drásticamente. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros de la región.
Pero ese logro tiene un costo. Las denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y violaciones al debido proceso han sido constantes.
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado abusos. Y da la casualidad que son las mismas instituciones y grupos que cuando las maras masacraban a los ciudadanos salvadoreños guardaban absoluto silencio y mostraban total indiferencia y ahora súbitamente se activan para “documentar abusos” que por lo general se refieren a familiares y acólitos de las bandas criminales que ayudaban activamente en los asesinatos y las extorsiones a comerciantes y empresarios del país.
Es lógico que para el país la seguridad sea prioridad absoluta y de aquí sale la Genesis de las críticas a Bukele: paz social a cambio de un modelo autoritario.
Y hete aquí que podemos ir al concepto de que Occidente propone lo mismo a sus ciudadanos: cambiar libertad por seguridad.
Mas control de nuestras vidas, más reconocimiento facial, más cámaras, más gobiernos invasivos, más impuestos, más control de la internet y más control de todo a cambio de el sofisma de la seguridad.
Y hete aquí también que los hipócritas de los llamados “países libres “han levantado sus voces que se mantenían apagadas cuando morían por miles los salvadoreños.
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado “preocupación” por la reelección inmediata y por la concentración de poder en Bukele. También la Unión Europea, la OEA y diversos organismos internacionales han advertido sobre los riesgos democráticos del proceso salvadoreño.
Bukele se resiste al encasillamiento y por lo que vemos, muy difícil de enfrentar porque ha sabido leer las carencias y necesidades del pueblo y se ha convertido en un nuevo modelo en Latinoamérica.
En la región hemos visto esto antes. 
El populismo —tanto de derecha como de izquierda— ha erosionado instituciones en nombre del pueblo.
Lo que hace singular al caso salvadoreño es el nivel de respaldo ciudadano: Bukele no necesita reprimir elecciones ni manipular urnas. La gente, masivamente, lo apoya.
Eso es precisamente lo que hace tan peligrosa esta situación. Peligrosa para los hipócritas democráticos, no para el pueblo del Salvador.
Bukele es, sin duda, un fenómeno político. Ha sabido leer el hartazgo social, romper con la clase política tradicional y dar resultados concretos, sobre todo en seguridad. Pero también ha debilitado las instituciones, eliminado los contrapesos y modificado las reglas a su favor.
La pregunta no es si Bukele es un dictador.
La pregunta es si la gente está dispuesta a renunciar a su democracia a cambio de orden y resultados inmediatos. Yo creo que sí.
Como dije antes, los mismos países que muestran su “preocupación” y que critican a Bukele tienen miembros del Congreso y del Senado que llevan décadas ejerciendo el poder real en los Estados Unidos.
En España, Alemania y Polonia gobiernan coaliciones que no han sido votadas por nadie, en Alemania al partido más votado por el pueblo alemán quieren ilegalizarlo, Inglaterra se ha convertido en un país totalitario y Canadá marcha por el mismo camino.
No hay tal democracia en ningún país de los llamados libres. Esos mismos países tienen leyes que permiten la vigilancia extrema de sus ciudadanos, en todos los niveles y la justicia solo es para los ciudadanos de a pie mientras que los poderosos hacen y deshacen a su antojo. Cualquier persona viviendo en esos países que acuse a Bukele de dictador debiera revisar que están haciendo sus gobernantes, porque al menos Bukele esta respondiendo a necesidad reales e inmediatas de la gente en ese país. Nada de lo cual esta sucediendo en muchos países de Occidente.
 
 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL SALVADOR
 
 
 
·         Durante más de 30 años, El Salvador fue gobernado alternativamente por dos partidos tradicionales: ARENA (derecha) y el FMLN (izquierda). Ambos fueron incapaces de contener el crecimiento del fenómeno pandillero, y en muchos casos, negociaron directamente con las maras.
 
·         La posguerra y el nacimiento del problema. Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una democracia formal, pero con una policía débil, poca inversión social y altos niveles de desigualdad. Al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a deportar masivamente a salvadoreños indocumentados, muchos de ellos jóvenes con historial criminal. Así llegaron al país las pandillas MS-13 y Barrio 18, que habían nacido en California y se instalaron en los barrios marginales de San Salvador y otras ciudades. Sin un Estado fuerte que les hiciera frente, estas maras rápidamente se consolidaron como estructuras organizadas, con control territorial, armas y poder económico.
 
·         . ARENA (1989–2009): políticas de “mano dura” sin resultados.
 
·         Durante los gobiernos de ARENA (especialmente bajo Francisco Flores y Antonio Saca), se implementaron políticas como la “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”: operativos policiales masivos, redadas y encarcelamientos sin debido proceso. Estas políticas: No redujeron la violencia: El número de homicidios siguió creciendo.
 
·         Fortalecieron a las maras dentro de las cárceles, donde comenzaron a organizarse mejor y a operar desde adentro.
 
·         Estigmatizaron barrios enteros, creando tensiones con la población civil y sembrando desconfianza en la policía.
 
·         Entre 2004 y 2009, la tasa de homicidios superó los 60 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo.
 
·         FMLN (2009–2019): la época de las negociaciones secretas
Durante los gobiernos del FMLN (Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén), la política fue más ambigua. Aunque públicamente condenaban a las maras, se supo después que negociaban con ellas.
En 2012 se reveló que el gobierno de Funes negoció con la MS-13 y Barrio 18 una "tregua" para reducir homicidios. A cambio, se ofrecieron beneficios carcelarios y privilegios.
La tregua funcionó temporalmente: los homicidios bajaron a 41 por cada 100,000 en 2012.
Pero en 2014 la tregua colapsó y la violencia volvió con más fuerza. En 2015, el país registró más de 6,600 homicidios, el año más violento de su historia reciente.
Los partidos y funcionarios implicados lo negaron en su momento, pero años después fueron procesados judicialmente. Incluso algunos miembros del gabinete de Funes enfrentan hoy acusaciones de corrupción y vínculos con estructuras criminales.
 
·         Tasa de homicidios en 2015: 103 por cada 100,000 habitantes (la más alta del mundo ese año).
 
·         Entre 2004 y 2019, El Salvador fue considerado uno de los países no en guerra más violentos del planeta.
 
·         Cerca del 70% del territorio llegó a estar bajo influencia o control de maras, según informes del mismo Estado salvadoreño.
 
·         El 97% de los crímenes en muchos años quedaban impunes por falta de capacidad institucional.
 
Si vemos a través de estos datos podremos entender por qué de la enorme popularidad de Nayib Bukele y si somos consecuentes con la verdad y la historia debemos ser mas cautelosos a la hora de etiquetar a Nayib Bukele como dictador o tirano. De momento para mi es un presidente que supo leer las necesidades de su pueblo y esta respondiendo.
Las herramientas que la democracia (de nuevo esa fastidiosa palabra), ofrece son insuficientes e inútiles. Se basan en una realidad que no existe y a diferencia de la mayoría de los países llamados libres, Bukele no necesita manipular el voto o falsificar boletas como es un hecho ya tradicional en las naciones "libres y democraticas".
El pueblo lo apoya. El pueblo lo quiere.

Ah ! tambien me dicen que el pueblo cubano apoyo y quiso a Fidel Castro, pero eso es harina de otro costal mucho mas amplio.