LA ESPIRAL DESCENDENTE DE GRAN BRETANA Y SU PUEBLO.

  Tomado de La Gaceta de la Iberosfera Hace tiempo que se habla, y se sabe, de la doble vara de medir que los gobiernos occidentales aplican...

 

Tomado de La Gaceta de la Iberosfera


Hace tiempo que se habla, y se sabe, de la doble vara de medir que los gobiernos occidentales aplican a las protestas ciudadanas según sean de izquierdas o de inmigrantes, o sean de ciudadanos exasperados por los desmanes del régimen. A los primeros, como sucedió en Estados Unidos con las violentas marchas de Black Lives Matter con la excusa de la muerte de George Floyd, se les deja vía libre para la destrucción y el pillaje, mientras que contra los primeros, como vimos en las protestas contra Macron en Francia, se emplea una fuerza salvaje.
Pero en Gran Bretaña todo esto se ha hecho siniestramente explícito. El reciente anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la respuesta del Gobierno a las protestas es revelador.
En pocas palabras, a los británicos supuestamente de «extrema derecha» no se les permite salir a la calle u opinar libremente en las redes sociales, mientras que las bandas de inmigrantes musulmanes armados y los antifa aparentemente son libres de hacer lo que les plazca.
No es de extrañar que las autoridades del Reino Unido también hayan pedido un «confinamiento al estilo covid» para controlar a los patriotas británicos, con lo que parecen, además, reconocer implícitamente que los confinamientos en pandemia nunca tuvieron como objetivo proteger la salud pública, sino que fueron una prueba para ver con qué eficacia podían subyugar a la población.
Además, el Gobierno británico ahora está universalizando el uso de programas de «reconocimiento facial» y la tecnología «pre crimen» para apuntar a los grupos que se oponen a la inmigración masiva. Y si eso no fuera suficiente, el primer ministro también ha amenazado a las plataformas de redes sociales.
Las proclamas de Starmer han envalentonado a las bandas de inmigrantes violentos y a los grupos musulmanes armados que salen a la calle para «cazar» blancos al azar.
Los inmigrantes explican estas batidas como un medio para «afirmar su dominio» sobre el territorio. No hay ni que decir que Starmer apenas ha mencionado la existencia misma de las bandas de inmigrantes que ahora patrullan las calles de los barrios del Reino Unido y se ha centrado únicamente en los manifestantes británicos indígenas.
Los inmigrantes pueden permitirse estas acciones porque las autoridades han dejado muy claro que procesarán a los británicos que traten de organizarse para defenderse de estos ataques. Las bandas de inmigrantes, que se autodenominan «Liga de Defensa Musulmana», acechan las ciudades británicas con impunidad.
Cuando estas bandas cometen actos delictivos, hay pocos agentes de Policía a la vista, o ninguno. Cuando la Policía se encuentra con ellas, tranquiliza a los inmigrantes diciéndoles que las autoridades están ahí para protegerlos.
El silencio político en Reino Unido ante el asesinato de tres niñas en Southport (Liverpool) y la represión gubernamental a quienes protestan por el peligro que supone el islamismo recuerda a lo que ocurrió en la ciudad inglesa de Rotherham, donde las autoridades no actuaron contra violadores paquistaníes para no parecer racistas.
Recientemente en Southport un individuo de padres ruandeses mató a Bebe King, de 6 años; a Elsie Dot Stancombe, de 7 años; y a Alice Dasilva Aguiar, de 9 años. El ataque contó con la censura inicial de los medios de comunicación y de la clase política que alienta la inmigración ilegal y su efecto llamada.
Durante casi 20 años, entre 1997 y 2013, clanes de origen paquistaní (musulmanes) abusaron de 1.400 niñas, según el informe encargado a la profesora Alexis Jay, aunque otras fuentes sitúan el número en 2.000.
Atraían a las menores con regalos, y después las drogaban y las alcoholizaban para traficar con ellas y violarlas.
Las agresiones tenían lugar en casas y sótanos, pero también en parques, atrios… en algunos casos esperaban a las niñas en las puertas de los colegios. Lo sabía todo el mundo, pero las autoridades municipales y policiales taparon el escándalo para no parecer «racistas» e incluso apartaron a los agentes y asistentes sociales que se mostraban dispuestos a investigar.
«No se quería remover la nave multicultural», reconoció Dennis MacShane, entonces diputado laborista, según un artículo publicado en ABC en 2017.
 La ex primera ministra Theresa May responsabilizó en el Parlamento en 2014 —siendo ministra del Interior— a «la corrección política institucionalizada «. «Muchas víctimas sufrieron la injusticia de ver sus gritos de ayuda ignorados. Las preocupaciones culturales y el miedo a ser visto como racista (…) nunca deben impedir proteger a los menores», señaló.
Los disturbios en Inglaterra han desplazado el foco del crimen que los originó a la naturaleza de los que protestan.
Se trataría, ya lo sabemos, de ultraderechistas espoleados por Rusia con una narrativa inexacta, malintencionada y creadora de odio que mediante bulos en las redes influye en las conciencias de lo peor de la sociedad.
Esto se traslada inmediatamente aquí, para el propio puchero, por el sistema mediático del régimen: los «legacy media» (los medios tradicionales) más el Internet bajo control.
Estamos hablando de casi todo.
Hubo estos días protestas en Rotherham, una ciudad posindustrial de unos cien mil habitantes. Pero ¿qué pasó allí? En las últimas horas la historia se ha desenterrado, aunque no lo suficiente. Recurriremos al informe que realizó un trabajador social. Nada sospechoso.
Nadie conoce la verdadera magnitud de la explotación sexual infantil en Rotherham a lo largo de los años. Nuestra estimación conservadora es que aproximadamente 1400 niños fueron explotados sexualmente durante todo el período de la investigación, de 1997 a 2013.
En poco más de un tercio de los casos, los servicios de protección y descuido de menores ya conocían a los niños afectados por la explotación sexual.
Es difícil describir la naturaleza atroz del abuso que sufrieron las víctimas infantiles. Fueron violadas por múltiples perpetradores, traficadas a otras ciudades del norte de Inglaterra, secuestradas, golpeadas e intimidadas.
Hubo casos de niños a los que rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlos, los amenazaron con armas de fuego, los obligaron a presenciar violaciones brutalmente violentas y los amenazaron con que serían los siguientes si se lo contaban a alguien. Niñas de tan solo 11 años fueron violadas por un gran número de perpetradores masculinos.
 Este tipo de abusos no se limita al pasado, sino que continúa hasta el día de hoy. En mayo de 2014, el equipo especializado en explotación sexual infantil tenía 51 casos. Otros equipos de asistencia social infantil se ocuparon de más casos de explotación sexual infantil. El equipo de asistencia social infantil identificó a 16 niños bajo su tutela que corrían un grave riesgo de explotación sexual o habían sido explotados sexualmente.
En 2013, la policía recibió 157 denuncias sobre explotación sexual infantil en el distrito.
Durante los primeros doce años que abarca esta investigación, los fracasos colectivos de los líderes políticos y de los funcionarios fueron flagrantes. Desde el principio, hubo cada vez más pruebas de que la explotación sexual infantil era un problema grave en Rotherham.
Estas pruebas surgieron de quienes trabajaban en centros de acogida y de trabajadores sociales que conocían bien a los jóvenes.
 En el ámbito de la asistencia social, los altos directivos no dieron demasiada importancia a la magnitud y la gravedad del problema. A nivel operativo, la policía no dio ninguna prioridad a la explotación sexual infantil, trató a muchas víctimas infantiles con desprecio y no actuó contra los abusos que sufrían, considerándolos un delito.
En 2002, 2003 y 2006 se obtuvieron pruebas contundentes: la policía y el ayuntamiento contaban con tres informes que describían la situación en Rotherham de forma muy clara.
El primero de estos informes fue suprimido porque algunos altos funcionarios no creyeron en los datos que contenía, lo que dio lugar a sugerencias de encubrimiento. Los otros dos informes exponían los vínculos entre la explotación sexual infantil y las drogas, las armas y la delincuencia en el distrito. Estos informes fueron ignorados y no se tomó ninguna medida para abordar los problemas que se identificaron en ellos.
 Algunas de las niñas contaron sus experiencias, aunque hubo quien no pudo. Una de ellas, con leve discapacidad mental, fue apuñalada cuarenta veces y arrojada a un canal por dos jóvenes de origen paquistaní que habían tenido relaciones sexuales con ella.
Uno fue absuelto del asesinato; el otro condenado a diecisiete años.
Las autoridades dedicaron esfuerzos a tapar la magnitud del escándalo. Ningún policía fue expulsado o sancionado por ello.
Ni la policía ni los servicios sociales ofrecieron auxilio real a los padres y una de las razones fue la corrección política. Denunciar lo que todos sabían que ocurría podía considerarse racismo ya que en su mayoría eran de origen paquistaní.
Hay casos que rozan lo increíble.
Uno de los padres, sabedor de que su hija menor de edad se veía con un adulto que la explotaba, acudió a la casa del individuo y allí, al gritar, hizo un comentario racista que alertó a los vecinos. Llamaron por ello a la policía y rápidamente llegaron unos agentes; al entrar encontraron a la niña desnuda en una casa llena de hombres.
No hubo arrestos ni acusaciones.
En ocasiones desalentaban las posibles denuncias. A una trabajadora juvenil que lo intentó le recordaron que todo el mundo sabía dónde vivía…
No solo fue la policía.
El ayuntamiento creó una organización para investigar los rumores de explotación sexual y abusos. Cuando emitió el informe, las autoridades parecieron contrariadas.
A un empleado se le llegó a decir que no utilizara la palabra «asiático» referida a los perpetradores y se le hizo asistir a un curso de concienciación racial.
El amedrentamiento continuó.
Sarah Champion, diputada laborista por la localidad, escribió un artículo el que osó mencionar el elefante en la habitación: el problema de los hombres paquistaníes y las redes de explotación de chicas blancas.
Según ella, había sido un error mirar a otro lado. La acusaron de racista y presionada por su propio partido (laborista) tuvo que dimitir.
Los laboristas siguen ganando allí.
Cuando algo así sucede en una población y se acepta e interioriza, cuando no estando en una situación de guerra se abusa o viola a un número entre el 5% y el 10%  de las niñas de una ciudad y ni siquiera pueden exigirse responsabilidades, cuando se extiende a otros lugares como Rochdale, Luton, Huddersfield, Derby… ¿se puede hablar de una sociedad viva, real, sana? ¿Es el fenómeno de estos días una reacción o un último espasmo?
Sobre la violencia que padecieron las menores se corrió un velo de silencio, el mismo que cae ahora sobre las tres niñas asesinadas.
Lo vemos en España, en la onda expansiva del asunto.
Lo percibimos en la nada inocente cobertura del caso. Quienes olvidan inmediatamente el acto criminal para centrarse en la reacción están colaborando, de un modo demasiado entusiasta, a un nuevo clima represivo que no corregirá los errores del pasado (la aberrante irrealidad, la mezcla de corrupción e ideología perversa y delirante) y perpetuará con grandes y vacías palabras virtuosas la última doma, el sometimiento definitivo.
 

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