EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
El
pasado 9 de octubre, Dinesh K. Patnaik, alto comisionado de la India en
Canadá, participó en una entrevista con CPAC en la que planteó que Canadá
podría necesitar aproximadamente 15 millones de trabajadores durante la próxima
década para responder a la demanda laboral generada por las inversiones
previstas en el país.
No estamos hablando de un ciudadano cualquiera expresando sus preferencias en una conversación de café. Estamos hablando de un diplomático que representa oficialmente a uno de los países más poblados del planeta y que interviene en el debate sobre el futuro económico y demográfico de Canadá.
Una precisión: Patnaik no anunció un programa oficial para traer 15 millones de inmigrantes indios, ni el Gobierno canadiense ha aprobado semejante plan. La cifra procede de su propio razonamiento sobre la creación de empleos.
Y pregunto: ¿quién le dio capacidad a este señor para teorizar sobre lo que necesita Canadá o no?
Porque una cosa es que Canadá necesite trabajadores cualificados para determinados proyectos y otra, muy distinta, convertir una proyección hipotética de empleo en un argumento para justificar una expansión demográfica de proporciones extraordinarias.
El razonamiento de Patnaik parte de una ambición anunciada por el primer ministro Mark Carney: movilizar un billón de dólares en inversiones durante cinco años.
El 15 de septiembre de 2026, Carney reiteró oficialmente ese objetivo durante la Cumbre de Inversiones de Canadá. Según la explicación del Gobierno, unos 280.000 millones de dólares en inversiones e incentivos públicos y medidas de apoyo permitirían movilizar más de un billón de dólares de inversión pública, privada e institucional.
Hasta aquí, estamos ante una estrategia económica legítima.
Canadá quiere atraer capital, desarrollar infraestructuras, ampliar su capacidad energética y fortalecer sectores industriales estratégicos.
El problema aparece cuando Patnaik aplica una estimación de entre 10.000 y 15.000 empleos por cada mil millones de dólares invertidos y multiplica el extremo superior por un billón.
El resultado aritmético es 15 millones. Pero la aritmética no sustituye a la economía.
Una inversión de mil millones en construcción no genera necesariamente la misma cantidad de puestos de trabajo que una inversión equivalente en automatización industrial, generación eléctrica o centros de datos. Cada sector tiene una estructura laboral diferente.
Por tanto, convertir un multiplicador general en una supuesta necesidad de millones de trabajadores es una extrapolación que requiere pruebas, no aplausos.
El 1 de enero de 2026, Canadá tenía una población estimada de 41.472.081 habitantes, según Statistics Canada y durante el cuarto trimestre de 2025, la población canadiense disminuyó en 103.504 personas, una reducción del 0,2 %.
El organismo estadístico atribuyó el cambio demográfico reciente, entre otros factores, a la evolución de la migración internacional y a las medidas adoptadas para reducir la población de residentes temporales.
La cifra de Patnaik equivale aproximadamente al 36 % de toda la población actual de Canadá. Estamos hablando de un volumen equivalente a más de un tercio de la población del país.
La teoría de que Canada necesita inmigración es discutible.
Ha sido el mantra de Occidente por décadas después que los países occidentales establecieran su guerra organizada en contra de la familia nuclear con herramientas tales como el feminismo, la mariconización masculina, la llamada comunidad LGTB y sus agendas y demás subterfugios que la población occidental ha aceptado dócilmente.
El Gobierno federal ha establecido objetivos migratorios concretos para el período 2026-2028, que según el mismo gobierno contempla 380.000 admisiones de residentes permanentes cada año.
En cuanto a las nuevas llegadas de residentes temporales —trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales—, fija un objetivo de 385.000 en 2026 y de 370.000 tanto en 2027 como en 2028.
Son enormes cantidades de personas que según lo que veo a diario, esencialmente van a venir casi en exclusiva de la India, pero aun así difieren de las cifras mencionadas por este “alto comisionado”.
Y hablando como los locos, para que Canada quiere un “alto comisionado de la India”?
Carney quiere desacoplarse de su principal socio económico y sin embargo el país tiene un alto comisionado de un hueco glorificado como “potencia emergente” que esta diciendo que Canada necesita 15 millones de inmigrantes para sus proyectos económicos.
Le falto decir “indios”. Porque eso es lo que quiere decir este señor.
En la mayoría de las provincias canadienses, los sistemas públicos han colapsado, el sistema habitacional se ha desestabilizado de manera alarmante, escuelas, hospitales, y demás infraestructura esencial muestran los mismos índices de sofocación.
El Gobierno canadiense está tratando de estabilizar las admisiones permanentes y reducir el peso de los residentes temporales en la población. Su compromiso es situar a estos últimos por debajo del 5 % de la población al finalizar 2027. La Oficina del Oficial Parlamentario de Presupuesto proyectó que la proporción de residentes no permanentes, que había alcanzado el 7,6 % en 2024, bajaría a poco menos del 5 % al terminar 2027.
Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todos estos problemas el primer ministro este hablando de más inmigrantes? ¿porque no ajusta los programas y servicios a una adecuación de la demografía?
La respuesta corta es esta: porque para muchos gobiernos resulta más rápido importar población en edad de trabajar que esperar veinte años a que los niños de hoy se conviertan en trabajadores. Pero esa decisión tiene enormes consecuencias económicas, sociales y demográficas que a menudo se discuten por separado, cuando en realidad están profundamente conectadas.
¿Por qué un país como Canadá busca trabajadores en el extranjero mientras tantas parejas canadienses dicen que no pueden permitirse una vivienda, tener hijos o mantener una familia con un solo sueldo?
Veamos:
1. La inmigración produce resultados inmediatos
Un inmigrante que llega con 25 o 30 años puede incorporarse al mercado laboral casi inmediatamente. En cambio, si un gobierno ofrece incentivos para que nazcan más niños, tendrá que esperar aproximadamente dos décadas para que esa nueva generación entre plenamente en la fuerza laboral.
Mientras tanto, la población envejece, aumentan los gastos en pensiones y salud, y hay menos trabajadores por cada jubilado. El Banco de Canadá explicó precisamente esta presión demográfica en un análisis publicado el 8 de octubre de 2026. Desde la perspectiva de un gobierno que piensa en los próximos cuatro años, la inmigración parece una solución mucho más rápida.
2.
Porque beneficia a determinados sectores empresariales
La inmigración no solo responde a la falta de médicos, enfermeros, trabajadores especializados o personal de construcción. También puede ampliar la oferta de trabajadores para sectores que necesitan mano de obra abundante.
- Las empresas tienen más candidatos para contratar.
- Se reduce la presión que tendrían para mejorar salarios y condiciones.
- Aumenta el número de consumidores que compran productos, alquilan viviendas y utilizan servicios.
- Crece la economía medida por su tamaño total, aunque eso no significa que aumente en la misma proporción el bienestar de cada ciudadano.
La OCDE ha advertido que el crecimiento demográfico canadiense no estuvo acompañado por un aumento equivalente de la productividad y que la inmigración temporal ha contribuido a cubrir puestos de baja remuneración y productividad.
3. ¿Por qué no estimular los nacimientos y ayudar a las familias?
Se necesitan programas de:
· Vivienda asequible
Todo eso es muy difícil para los gobiernos occidentales actuales, involucrados en múltiples programas globales que nada tienen que ver con el país y la respuesta de Occidente a estos problemas reales ha sido elegir la inmigración como instrumento principal.
Canadá forma parte de estos países occidentales que han elegido la inmigración como instrumento y inmigración de países no afines a la cultura y tradiciones de Canada como nación y el caos que provocan estas políticas lo estamos viendo en los países europeos o en la gran mayoría de ellos.
El Gobierno termina intentando solucionar con más población algunos problemas que, al menos parcialmente, requieren una economía más productiva, una mejor planificación y una política familiar más eficaz.
En vez de traer mas indios y darle voz a un personaje irrelevante en materia de estrategias nacionales, Canadá debería combinar cuatro objetivos:
1. Una política familiar seria, con vivienda más accesible, apoyo a los padres y servicios infantiles adecuados.
2. Una inmigración vinculada a necesidades demostrables, con objetivos ajustados a la capacidad real de construir viviendas y prestar servicios.
3. Más productividad, mediante tecnología, inversión, formación y mejores condiciones para atraer trabajadores a los sectores donde realmente faltan.
4. Rendición de cuentas democrática, explicando qué población desea tener Canadá, qué necesidades pretende cubrir y qué costes está dispuesto a asumir.
Carney acaba de decir que no hace falta un referéndum en esta materia, ha defendido que no necesita convocar un referéndum para controlar la inmigración, porque su Gobierno ya está actuando.
Estoy de acuerdo. Pero si el Gobierno pretende volver a aumentar la población, ¿con qué criterios determinará ese aumento y qué garantías ofrecerá a los ciudadanos?
No necesitar un referéndum no significa no tener que rendir cuentas.
Los canadienses tienen derecho a exigir que sus gobernantes expliquen qué crecimiento demográfico consideran deseable, qué consecuencias esperan y cómo piensan evitar que los errores recientes se repitan.
El debate no consiste en exigir un referéndum sobre cada permiso de trabajo, consiste en exigir transparencia sobre la dirección general del país.
¿Y es aquí donde me pregunto que hace la Oposición?
¿Qué hace el partido conservador en un ominoso silencio desde hace meses? ¿Es que Carney y sus liberales tienen las manos libres para hacer lo que les dé la gana?... Bueno, eso parece.
Por otra parte, no hace falta inventar conspiraciones para entender que la India tiene intereses legítimos en la relación económica y migratoria con Canadá.
Es un país con una población enorme, una fuerza laboral numerosa y un interés evidente en las oportunidades comerciales, educativas y profesionales que ofrece el mercado canadiense.
Cuando el alto comisionado indio presenta las necesidades laborales canadienses a través de una cifra de 15 millones de puestos, está planteando una visión del crecimiento económico que debe ser examinada desde la perspectiva de los intereses canadienses, no de los intereses de la India.
Este “alto comisionado” no tiene autoridad para determinar los intereses nacionales de Canadá, y el solo planteamiento de los 15 millones presenta un irrespeto a la soberanía de un país y sus decisiones.
Pero, también hay que ver si los intereses del pueblo de Canada coinciden con los de su gobierno y esa responsabilidad corresponde a las instituciones canadienses, que deben responder ante sus ciudadanos y no ante las expectativas de crecimiento demográfico de ningún gobierno extranjero, ni a determinadas ambiciones de un grupo de políticos aparentemente electos.
Un diplomático extranjero puede expresar opiniones sobre asuntos económicos y bilaterales. Pero su cargo no le concede poder para fijar las cuotas migratorias canadienses.
La libertad con que este señor se ha expresado, debe ser de molesta nacional igual que cuando los canadienses bajo el grito de Carney de “Elbows Up” se agruparon bajo la bandera del nacionalismo contra la tontería de Trump del estado 51.
Y lo verdaderamente preocupante sería que los responsables canadienses utilizaran la necesidad de inversión como argumento para evitar un debate honesto sobre la dimensión, el ritmo y las consecuencias de la inmigración.
Y si la cifra de Patnaik no representa la posición del Gobierno canadiense, que también lo aclare sin ambigüedades.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si están escuchando una hipótesis formulada por un diplomático o una visión que coincide con los planes reales de quienes gobiernan el país.
No pueden ser tratados como simples espectadores de una transformación que afecta a sus salarios, sus alquileres, sus impuestos y sus comunidades.
Tampoco deben aceptar que cualquier objetivo económico se convierta automáticamente en una justificación para aumentar la población.
La inversión tiene que beneficiar a la sociedad, no convertirse en una obligación de adaptar la sociedad a cualquier expansión de la inversión.
Canadá conoce las consecuencias de haber permitido que la población temporal creciera con demasiada rapidez. El propio Gobierno federal reconoce ahora la necesidad de reducirla a menos del 5 % de la población para finales de 2027.
La pregunta es inevitable: si Canadá está intentando corregir los desequilibrios de su política migratoria, ¿por qué deberíamos aceptar sin un examen riguroso las declaraciones de un diplomático extranjero que plantea necesidades laborales de una magnitud tan extraordinaria?
La India tiene derecho a promover las oportunidades de sus ciudadanos… en la India.
Canadá no es una extensión del mercado laboral de la India.
No es un territorio disponible para satisfacer las necesidades demográficas de otros países y no debería tratar su propia política migratoria como una herramienta al servicio de intereses ajenos.
Pero el 29 de septiembre, Carney dejó abierta esa posibilidad al hablar de cuándo podría reanudarse un aumento controlado de la población canadiense. No anunció una nueva ola migratoria de millones de personas, pero sí indicó que la reducción actual no tiene por qué ser el destino definitivo de su política.
Y entonces aparece Dinesh Patnaik, alto comisionado de la India, hablando de 15 millones de trabajadores potenciales en una década y afirmando que el equipo de Carney comprende esa lógica y está trabajando en una estrategia internacional de talento e innovación.
No tengo las pruebas suficientes para afirmar que Carney haya aceptado la cifra de Patnaik como objetivo migratorio oficial, pero tampoco es razonable ignorar la coincidencia entre una estrategia económica que necesita grandes inversiones, un diplomático que plantea una demanda extraordinaria de trabajadores y un primer ministro que ya habla de volver a aumentar la población.
Hay otra conexión que merece respuestas.
Dominic Barton, cofundador de Century Initiative, organización que promueve una población de 100 millones de habitantes para Canadá en 2100, fue nombrado presidente de Invest in Canada, la agencia federal encargada de atraer inversiones.
Eso no demuestra que exista un acuerdo secreto para aumentar la inmigración, pero sí hace legítimo preguntar qué relación existe entre las ambiciones de inversión, las ideas sobre crecimiento demográfico y las decisiones concretas del Gobierno.
Carney puede tener autoridad constitucional para fijar los niveles migratorios sin convocar un referéndum. Pero esa autoridad no lo exime de la obligación política de rendir cuentas. No necesitar un referéndum no significa no necesitar el consentimiento político de la ciudadanía, ni convierte cualquier decisión gubernamental en una decisión acertada.
Y si el Gobierno considera que Canadá necesitará más población para financiar su crecimiento, debe explicar cuánta, por qué, a qué ritmo y con qué garantías para la vivienda, los salarios y los servicios públicos y esta es una tarea para el Parlamento canadiense y para la Oposición representada por el Partido Conservador.
En última instancia, el debate no debe ser sobre la India. Tampoco es una cuestión de simpatía o antipatía hacia los inmigrantes. Es una discusión sobre soberanía, responsabilidad política y el modelo económico que Canadá desea construir.
Los canadienses tienen derecho a exigir una política migratoria sostenible, criterios transparentes y una evaluación rigurosa de las consecuencias económicas y sociales de las decisiones gubernamentales.
Tienen derecho a preguntar si el país necesita realmente más trabajadores en determinados sectores, si puede formar a los que necesita, si está utilizando adecuadamente su fuerza laboral y si sus infraestructuras están preparadas para soportar un crecimiento adicional.
Y tienen derecho a rechazar la idea de que una población mayor sea necesariamente sinónimo de una sociedad más próspera.
La declaración de Patnaik no constituye una política migratoria oficial. Estamos claros con eso, pero la coincidencia entre sus palabras, las ambiciones de inversión de Carney y las propuestas históricas de crecimiento demográfico merece investigación, y preguntas con respuestas en el Parlamento, porque ya hay preguntas que el Gobierno canadiense no puede eludir.
La India, en la persona de este “alto comisionado” puede defender sus intereses. Las empresas pueden defender sus necesidades. Los diplomáticos pueden expresar sus opiniones, pero la última palabra sobre el futuro de Canadá debe corresponder a sus instituciones democráticas, responsables ante sus ciudadanos. Y esa responsabilidad exige algo más que mostrar cifras: exige demostrar que las decisiones tomadas mejoran la vida de quienes viven aquí, porque el propósito de la economía debe ser servir a la sociedad, no convertir a la sociedad en un instrumento al servicio de la economía.
No estamos hablando de un ciudadano cualquiera expresando sus preferencias en una conversación de café. Estamos hablando de un diplomático que representa oficialmente a uno de los países más poblados del planeta y que interviene en el debate sobre el futuro económico y demográfico de Canadá.
Una precisión: Patnaik no anunció un programa oficial para traer 15 millones de inmigrantes indios, ni el Gobierno canadiense ha aprobado semejante plan. La cifra procede de su propio razonamiento sobre la creación de empleos.
Y pregunto: ¿quién le dio capacidad a este señor para teorizar sobre lo que necesita Canadá o no?
Porque una cosa es que Canadá necesite trabajadores cualificados para determinados proyectos y otra, muy distinta, convertir una proyección hipotética de empleo en un argumento para justificar una expansión demográfica de proporciones extraordinarias.
El razonamiento de Patnaik parte de una ambición anunciada por el primer ministro Mark Carney: movilizar un billón de dólares en inversiones durante cinco años.
El 15 de septiembre de 2026, Carney reiteró oficialmente ese objetivo durante la Cumbre de Inversiones de Canadá. Según la explicación del Gobierno, unos 280.000 millones de dólares en inversiones e incentivos públicos y medidas de apoyo permitirían movilizar más de un billón de dólares de inversión pública, privada e institucional.
Hasta aquí, estamos ante una estrategia económica legítima.
Canadá quiere atraer capital, desarrollar infraestructuras, ampliar su capacidad energética y fortalecer sectores industriales estratégicos.
El problema aparece cuando Patnaik aplica una estimación de entre 10.000 y 15.000 empleos por cada mil millones de dólares invertidos y multiplica el extremo superior por un billón.
El resultado aritmético es 15 millones. Pero la aritmética no sustituye a la economía.
Una inversión de mil millones en construcción no genera necesariamente la misma cantidad de puestos de trabajo que una inversión equivalente en automatización industrial, generación eléctrica o centros de datos. Cada sector tiene una estructura laboral diferente.
Por tanto, convertir un multiplicador general en una supuesta necesidad de millones de trabajadores es una extrapolación que requiere pruebas, no aplausos.
El 1 de enero de 2026, Canadá tenía una población estimada de 41.472.081 habitantes, según Statistics Canada y durante el cuarto trimestre de 2025, la población canadiense disminuyó en 103.504 personas, una reducción del 0,2 %.
El organismo estadístico atribuyó el cambio demográfico reciente, entre otros factores, a la evolución de la migración internacional y a las medidas adoptadas para reducir la población de residentes temporales.
La cifra de Patnaik equivale aproximadamente al 36 % de toda la población actual de Canadá. Estamos hablando de un volumen equivalente a más de un tercio de la población del país.
La teoría de que Canada necesita inmigración es discutible.
Ha sido el mantra de Occidente por décadas después que los países occidentales establecieran su guerra organizada en contra de la familia nuclear con herramientas tales como el feminismo, la mariconización masculina, la llamada comunidad LGTB y sus agendas y demás subterfugios que la población occidental ha aceptado dócilmente.
El Gobierno federal ha establecido objetivos migratorios concretos para el período 2026-2028, que según el mismo gobierno contempla 380.000 admisiones de residentes permanentes cada año.
En cuanto a las nuevas llegadas de residentes temporales —trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales—, fija un objetivo de 385.000 en 2026 y de 370.000 tanto en 2027 como en 2028.
Son enormes cantidades de personas que según lo que veo a diario, esencialmente van a venir casi en exclusiva de la India, pero aun así difieren de las cifras mencionadas por este “alto comisionado”.
Y hablando como los locos, para que Canada quiere un “alto comisionado de la India”?
Carney quiere desacoplarse de su principal socio económico y sin embargo el país tiene un alto comisionado de un hueco glorificado como “potencia emergente” que esta diciendo que Canada necesita 15 millones de inmigrantes para sus proyectos económicos.
Le falto decir “indios”. Porque eso es lo que quiere decir este señor.
En la mayoría de las provincias canadienses, los sistemas públicos han colapsado, el sistema habitacional se ha desestabilizado de manera alarmante, escuelas, hospitales, y demás infraestructura esencial muestran los mismos índices de sofocación.
El Gobierno canadiense está tratando de estabilizar las admisiones permanentes y reducir el peso de los residentes temporales en la población. Su compromiso es situar a estos últimos por debajo del 5 % de la población al finalizar 2027. La Oficina del Oficial Parlamentario de Presupuesto proyectó que la proporción de residentes no permanentes, que había alcanzado el 7,6 % en 2024, bajaría a poco menos del 5 % al terminar 2027.
Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todos estos problemas el primer ministro este hablando de más inmigrantes? ¿porque no ajusta los programas y servicios a una adecuación de la demografía?
La respuesta corta es esta: porque para muchos gobiernos resulta más rápido importar población en edad de trabajar que esperar veinte años a que los niños de hoy se conviertan en trabajadores. Pero esa decisión tiene enormes consecuencias económicas, sociales y demográficas que a menudo se discuten por separado, cuando en realidad están profundamente conectadas.
¿Por qué un país como Canadá busca trabajadores en el extranjero mientras tantas parejas canadienses dicen que no pueden permitirse una vivienda, tener hijos o mantener una familia con un solo sueldo?
Veamos:
1. La inmigración produce resultados inmediatos
Un inmigrante que llega con 25 o 30 años puede incorporarse al mercado laboral casi inmediatamente. En cambio, si un gobierno ofrece incentivos para que nazcan más niños, tendrá que esperar aproximadamente dos décadas para que esa nueva generación entre plenamente en la fuerza laboral.
Mientras tanto, la población envejece, aumentan los gastos en pensiones y salud, y hay menos trabajadores por cada jubilado. El Banco de Canadá explicó precisamente esta presión demográfica en un análisis publicado el 8 de octubre de 2026. Desde la perspectiva de un gobierno que piensa en los próximos cuatro años, la inmigración parece una solución mucho más rápida.
La inmigración no solo responde a la falta de médicos, enfermeros, trabajadores especializados o personal de construcción. También puede ampliar la oferta de trabajadores para sectores que necesitan mano de obra abundante.
- Las empresas tienen más candidatos para contratar.
- Se reduce la presión que tendrían para mejorar salarios y condiciones.
- Aumenta el número de consumidores que compran productos, alquilan viviendas y utilizan servicios.
- Crece la economía medida por su tamaño total, aunque eso no significa que aumente en la misma proporción el bienestar de cada ciudadano.
La OCDE ha advertido que el crecimiento demográfico canadiense no estuvo acompañado por un aumento equivalente de la productividad y que la inmigración temporal ha contribuido a cubrir puestos de baja remuneración y productividad.
3. ¿Por qué no estimular los nacimientos y ayudar a las familias?
Se necesitan programas de:
· Vivienda asequible
Todo eso es muy difícil para los gobiernos occidentales actuales, involucrados en múltiples programas globales que nada tienen que ver con el país y la respuesta de Occidente a estos problemas reales ha sido elegir la inmigración como instrumento principal.
Canadá forma parte de estos países occidentales que han elegido la inmigración como instrumento y inmigración de países no afines a la cultura y tradiciones de Canada como nación y el caos que provocan estas políticas lo estamos viendo en los países europeos o en la gran mayoría de ellos.
El Gobierno termina intentando solucionar con más población algunos problemas que, al menos parcialmente, requieren una economía más productiva, una mejor planificación y una política familiar más eficaz.
En vez de traer mas indios y darle voz a un personaje irrelevante en materia de estrategias nacionales, Canadá debería combinar cuatro objetivos:
1. Una política familiar seria, con vivienda más accesible, apoyo a los padres y servicios infantiles adecuados.
2. Una inmigración vinculada a necesidades demostrables, con objetivos ajustados a la capacidad real de construir viviendas y prestar servicios.
3. Más productividad, mediante tecnología, inversión, formación y mejores condiciones para atraer trabajadores a los sectores donde realmente faltan.
4. Rendición de cuentas democrática, explicando qué población desea tener Canadá, qué necesidades pretende cubrir y qué costes está dispuesto a asumir.
Carney acaba de decir que no hace falta un referéndum en esta materia, ha defendido que no necesita convocar un referéndum para controlar la inmigración, porque su Gobierno ya está actuando.
Estoy de acuerdo. Pero si el Gobierno pretende volver a aumentar la población, ¿con qué criterios determinará ese aumento y qué garantías ofrecerá a los ciudadanos?
No necesitar un referéndum no significa no tener que rendir cuentas.
Los canadienses tienen derecho a exigir que sus gobernantes expliquen qué crecimiento demográfico consideran deseable, qué consecuencias esperan y cómo piensan evitar que los errores recientes se repitan.
El debate no consiste en exigir un referéndum sobre cada permiso de trabajo, consiste en exigir transparencia sobre la dirección general del país.
¿Y es aquí donde me pregunto que hace la Oposición?
¿Qué hace el partido conservador en un ominoso silencio desde hace meses? ¿Es que Carney y sus liberales tienen las manos libres para hacer lo que les dé la gana?... Bueno, eso parece.
Por otra parte, no hace falta inventar conspiraciones para entender que la India tiene intereses legítimos en la relación económica y migratoria con Canadá.
Es un país con una población enorme, una fuerza laboral numerosa y un interés evidente en las oportunidades comerciales, educativas y profesionales que ofrece el mercado canadiense.
Cuando el alto comisionado indio presenta las necesidades laborales canadienses a través de una cifra de 15 millones de puestos, está planteando una visión del crecimiento económico que debe ser examinada desde la perspectiva de los intereses canadienses, no de los intereses de la India.
Este “alto comisionado” no tiene autoridad para determinar los intereses nacionales de Canadá, y el solo planteamiento de los 15 millones presenta un irrespeto a la soberanía de un país y sus decisiones.
Pero, también hay que ver si los intereses del pueblo de Canada coinciden con los de su gobierno y esa responsabilidad corresponde a las instituciones canadienses, que deben responder ante sus ciudadanos y no ante las expectativas de crecimiento demográfico de ningún gobierno extranjero, ni a determinadas ambiciones de un grupo de políticos aparentemente electos.
Un diplomático extranjero puede expresar opiniones sobre asuntos económicos y bilaterales. Pero su cargo no le concede poder para fijar las cuotas migratorias canadienses.
La libertad con que este señor se ha expresado, debe ser de molesta nacional igual que cuando los canadienses bajo el grito de Carney de “Elbows Up” se agruparon bajo la bandera del nacionalismo contra la tontería de Trump del estado 51.
Y lo verdaderamente preocupante sería que los responsables canadienses utilizaran la necesidad de inversión como argumento para evitar un debate honesto sobre la dimensión, el ritmo y las consecuencias de la inmigración.
Y si la cifra de Patnaik no representa la posición del Gobierno canadiense, que también lo aclare sin ambigüedades.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si están escuchando una hipótesis formulada por un diplomático o una visión que coincide con los planes reales de quienes gobiernan el país.
No pueden ser tratados como simples espectadores de una transformación que afecta a sus salarios, sus alquileres, sus impuestos y sus comunidades.
Tampoco deben aceptar que cualquier objetivo económico se convierta automáticamente en una justificación para aumentar la población.
La inversión tiene que beneficiar a la sociedad, no convertirse en una obligación de adaptar la sociedad a cualquier expansión de la inversión.
Canadá conoce las consecuencias de haber permitido que la población temporal creciera con demasiada rapidez. El propio Gobierno federal reconoce ahora la necesidad de reducirla a menos del 5 % de la población para finales de 2027.
La pregunta es inevitable: si Canadá está intentando corregir los desequilibrios de su política migratoria, ¿por qué deberíamos aceptar sin un examen riguroso las declaraciones de un diplomático extranjero que plantea necesidades laborales de una magnitud tan extraordinaria?
La India tiene derecho a promover las oportunidades de sus ciudadanos… en la India.
Canadá no es una extensión del mercado laboral de la India.
No es un territorio disponible para satisfacer las necesidades demográficas de otros países y no debería tratar su propia política migratoria como una herramienta al servicio de intereses ajenos.
Pero el 29 de septiembre, Carney dejó abierta esa posibilidad al hablar de cuándo podría reanudarse un aumento controlado de la población canadiense. No anunció una nueva ola migratoria de millones de personas, pero sí indicó que la reducción actual no tiene por qué ser el destino definitivo de su política.
Y entonces aparece Dinesh Patnaik, alto comisionado de la India, hablando de 15 millones de trabajadores potenciales en una década y afirmando que el equipo de Carney comprende esa lógica y está trabajando en una estrategia internacional de talento e innovación.
No tengo las pruebas suficientes para afirmar que Carney haya aceptado la cifra de Patnaik como objetivo migratorio oficial, pero tampoco es razonable ignorar la coincidencia entre una estrategia económica que necesita grandes inversiones, un diplomático que plantea una demanda extraordinaria de trabajadores y un primer ministro que ya habla de volver a aumentar la población.
Hay otra conexión que merece respuestas.
Dominic Barton, cofundador de Century Initiative, organización que promueve una población de 100 millones de habitantes para Canadá en 2100, fue nombrado presidente de Invest in Canada, la agencia federal encargada de atraer inversiones.
Eso no demuestra que exista un acuerdo secreto para aumentar la inmigración, pero sí hace legítimo preguntar qué relación existe entre las ambiciones de inversión, las ideas sobre crecimiento demográfico y las decisiones concretas del Gobierno.
Carney puede tener autoridad constitucional para fijar los niveles migratorios sin convocar un referéndum. Pero esa autoridad no lo exime de la obligación política de rendir cuentas. No necesitar un referéndum no significa no necesitar el consentimiento político de la ciudadanía, ni convierte cualquier decisión gubernamental en una decisión acertada.
Y si el Gobierno considera que Canadá necesitará más población para financiar su crecimiento, debe explicar cuánta, por qué, a qué ritmo y con qué garantías para la vivienda, los salarios y los servicios públicos y esta es una tarea para el Parlamento canadiense y para la Oposición representada por el Partido Conservador.
En última instancia, el debate no debe ser sobre la India. Tampoco es una cuestión de simpatía o antipatía hacia los inmigrantes. Es una discusión sobre soberanía, responsabilidad política y el modelo económico que Canadá desea construir.
Los canadienses tienen derecho a exigir una política migratoria sostenible, criterios transparentes y una evaluación rigurosa de las consecuencias económicas y sociales de las decisiones gubernamentales.
Tienen derecho a preguntar si el país necesita realmente más trabajadores en determinados sectores, si puede formar a los que necesita, si está utilizando adecuadamente su fuerza laboral y si sus infraestructuras están preparadas para soportar un crecimiento adicional.
Y tienen derecho a rechazar la idea de que una población mayor sea necesariamente sinónimo de una sociedad más próspera.
La declaración de Patnaik no constituye una política migratoria oficial. Estamos claros con eso, pero la coincidencia entre sus palabras, las ambiciones de inversión de Carney y las propuestas históricas de crecimiento demográfico merece investigación, y preguntas con respuestas en el Parlamento, porque ya hay preguntas que el Gobierno canadiense no puede eludir.
La India, en la persona de este “alto comisionado” puede defender sus intereses. Las empresas pueden defender sus necesidades. Los diplomáticos pueden expresar sus opiniones, pero la última palabra sobre el futuro de Canadá debe corresponder a sus instituciones democráticas, responsables ante sus ciudadanos. Y esa responsabilidad exige algo más que mostrar cifras: exige demostrar que las decisiones tomadas mejoran la vida de quienes viven aquí, porque el propósito de la economía debe ser servir a la sociedad, no convertir a la sociedad en un instrumento al servicio de la economía.
Comentarios